David Rojo
Fue desde la ciudadanía, no del Congreso de Baja California Sur.
Tal hecho, en el caso de la denuncia que sigue la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur en contra del ex presidente municipal Óscar Leggs y del ex Tesorero Municipal José Martín Talamantes, exhibe de manera contundente que el credo morenista del no robar, no mentir y no traicionar es sólo un panfleto del poder político sudcaliforniano dado que no actúa en contra del robo, la mentira y la traición que se perpetra desde el poder mismo en contra del pueblo.
De ser congruente con ese credo morenista a tiempo desde el poder Legislativo se hubiera evitado el hoy desenlace del manejo de la cuenta pública de Los Cabos, con su grave costo social.
Sería la Auditoría Superior de Baja California Sur la que le diera seguimiento a la expresión ciudadana sobre la operación de un crédito por 200 millones de pesos con un presunto beneficio de gestión que habría superado los diez millones de pesos.
En noviembre de 2022 el XIV Ayuntamiento de Los Cabos tramitó financiamiento por 203 millones de pesos, aun cuando el pretendido inicial era por 250 millones de pesos. Sin embargo de tan importante cantidad ni un peso para alguna acción de beneficio social, tenían el problema económico para la nómina y aguinaldos.
El Congreso sudcaliforniano se había manifestado omiso con el encarecimiento de la nómina municipal de Los Cabos, al pasar de las 3 mil 500 plazas a 5 mil 500.
La indolencia del poder político sudcaliforniano con la carga del costo social.
No obstante en septiembre de 2023 el XIV Ayuntamiento de Los Cabos se pronunció por otro financiamiento por 200 millones de pesos sin darse mayores precisiones del destino del dinero, sólo que ya se había cubierto el de noviembre de 2022.
Todo esto tiene que ver con Cuenta Pública y con reportes mismos de los Ayuntamientos sudcalifornianos a la Auditoría Superior de Baja California Sur, institución a la que de manera permanente se le ignora o se hace menos como se puede observar en las carátulas mensuales sobre la ausencia de informes enero-agosto por parte de los gobiernos municipales de La Paz y de Los Cabos, omisión en la que incurren los organismos operadores del agua.
Y el Congreso callando, la oposición del PAN y del PRI simulando.
Se deja pasar el tiempo y las consecuencias las paga el pueblo.
Días oscuros en el Congreso sudcaliforniano con las cuentas públicas.
Días de consecuencias para el pueblo.
