David Rojo
Ha tronado la voz.
El poder político indolente y la realidad que es agravio social.
Mientras se da la reacción –con obras y servicios– por parte de la gubernatura sudcaliforniana y desde la propia alcaldía cabeña, a lo expresado por la presidenta Sheinbaum sobre la lamentable realidad de Los Cabos, el malestar ciudadano se ha manifestado ya de manera pública y ha ganado la calle, el pasado viernes en Cabo San Lucas, para exigir ¡queremos agua!
El gobernador Castro y el presidente municipal Agúndez a medio mes que la presidenta de México aludiera de la “triste” y “muy lacerante” realidad de Los Cabos no se han pronunciando con alguna ruta estratégica de presupuesto, tiempo, acciones y destino para encarar con soluciones a los graves problemas que lastiman al pueblo, al que con tanta insistencia se refieren en sus discursos.
Cada día que pasa sin acciones estratégicas locales en materia pública que beneficien a la población se traducen en indolencia política.
Por tal ciudadanos de Cabo San Lucas salieron a la calle a romper el muro de silencio o de la indiferencia del poder público.
La voz ciudadana, finalmente, ya ha empezado a tronar por calles de Cabo de San Lucas.
Hartos del desabasto del líquido, colonos denunciaron el pasado viernes que llevan más de un mes sin el servicio. Y en pancartas se leía: ¡El agua es un derecho no un negocio!
Es parte de la “muy lacerante” realidad social de Los Cabos expresada desde palacio nacional.
La “muy lacerante” realidad de Los Cabos tiene que ver con el desastroso desarrollo urbano, al que no obstante las severas consecuencias sociales los sectores locales, cada trienio municipal que pasa, se mantienen al margen; es el caso del Fideicomiso de Saneamiento Ambiental cuyo manejo de los ingresos –que ya sumarían como 300 millones de pesos– es una falacia en cuanto al nombre que le da vida, dado la destrucción del estero de San José del Cabo y el tremendo déficit municipal en el tratamiento de aguas residuales.
Y qué decir de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos –CNHD– totalmente ajenos al agravio social que implica el que para las autoridades estatales y municipales no importe el que personas con discapacidad se encuentran marginadas del transporte urbano. ¿Para qué diablos junto con el Congreso sudcaliforniano se inventan reglamentos para la autorización de concesiones al transporte?
Hay malestar social que empieza a ganar la calle.
